La visión de los derechos humanos es central en esta reforma energética, asegura el representante de la Secretaría de Energía.
Organizaciones civiles reclaman ante la CIDH poratropello a derechos durante el proceso de aprobación de reforma energética.
En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones de la sociedad civil reprocharon que el derecho a la consulta libre, previa e informada, así como el derecho al consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas, fueron vulnerados en el proceso de aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias.
Aroa de la Fuente, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, advirtió que la reforma energética y su legislación secundaria prioriza y facilita la entrada de empresas a territorio nacional por encima de los derechos humanos de sus habitantes.
Asimismo, indicó que no se ha establecido el impacto que pueda tener la reducción de los ingresos del Estado, dependientes de la explotación de hidrocarburos, en el financiamiento de los servicios públicos.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dijo que la experiencia mexicana con industrias extractivas, ya sean energéticas, mineras, hidroeléctricas y otros megaproyectos, ha sido desastrosa en términos sociales y ambientales.
Explicó que la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Industria Eléctrica no consideran consulta previa, sino mecanismos de negociación posterior al otorgamiento del contrato, permiso o asignación.
“Es decir, la empresa llega a los territorios indígenas ya con un derecho adquirido“, señaló.
“Se violenta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. No es un problema futuro, México es un país de tradición minera, otra industria extractiva, en donde aplica el mismo esquema”.
En respuesta, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (Sener), Fernando Zendejas, argumentó que la visión de los derechos humanos es central en esta reforma energética, pues la intención es que se traduzca en ganancias para todos los mexicanos.
“La intención con la reforma energética fue que las leyes incluyeran mecanismos para garantizar la protección de los derechos de los habitantes y propietarios de las tierras”, puntualizó.
(Con información de Reforma).
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