Al ex secretario general del Congreso de Jalisco, Octavio Pérez Pozos, se le acusa de enriquecimiento ilícito, ya que se le vincula con un fraude por 58 millones de pesos cometido en contra del Poder Legislativo
"Ya agarraron a su chivo expiatorio (...) soy inocente, los verdaderos culpables son los diputados que estuvieron en primera fila (en el informe del gobernador)", dijo el ex secretario general del Congreso de Jalisco, Octavio Pérez Pozos, cuando tres agentes de la Fiscalía del Estado lo arrestaron -por segunda ocasión en la semana- acusado de enriquecimiento ilícito, ya que se le vincula con un fraude por 58 millones de pesos cometido en contra del Poder Legislativo.
El primer arresto del ex funcionario ocurrió este domingo por la mañana, cuando el gobernador del estado rendía su informe de gobierno y señalaba que había dos personas detenidas por el fraude urdido por el despacho López Castro al Congreso local; más tarde se sabría que los arrestados eran Pérez Pozos y Rafael López Martínez, principal accionista de la empresa.
Sin embargo, el ex secretario del Congreso de Jalisco fue liberado horas más tarde ya que el juez quinto de lo penal consideró que había inconsistencias en la integración de la averiguación previa y errores de procedimiento en el arresto.
Esta mañana ocurrió el segundo arresto de Pérez Pozos, cuando citó a los medios de comunicación en un hotel del centro de Guadalajara para deslindarse del caso López Castro y señalar como responsables del fraude a los diputados que integraban la Comisión de Administración de la 58 Legislatura (Jorge Arana Arana, alcalde de Tonalá; Jorge Alberto Villanueva Hernández; Norma Angélica Aguirre Varela; Samuel Romero Valle; Luís Manuel Vélez Fregoso, secretario de organización del Pasrtido Verde en Jalisco; Alfredo Zárate Mendoza, Lorenzo Moccia Sandoval y José Guadalupe Madera Godoy).
El ex funcionario del Congreso local arribó a las 10 de la mañana al sitio en donde haría público su posicionamiento pero fue atajado en la entrada por un agente de la Fiscalía de Jalisco que ya lo esperaba; hubo un forcejeo, Pérez Pozos -corpulento- exigía que le mostraran la orden de aprehensión en su contra y a empujones logró entrar al hotel.
Un segundo agente intervino, le mostró el requerimiento del juez y el ex funcionario lo leyó; después, antes de que lo esposaran y se lo llevaran, gritó que se le arrestaba por estar acusado de enriquecimiento ilícito, no por estar vinculado al caso López Castro.
La denuncia que llevó a la detención del ex funcionario panista (hoy simpatizante de Movimiento Ciudadano) fue interpuesta por Salvador Cosió Gaona, hijo del ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri y presidente de la organización Conciencia Cívica.
En el documento que leería Pérez Pozos también se responsabilizaba del fraude contra el Congreso a los diputados de la 59 Legislatura que reconocieron el adeudo con López Castro: Omar Hernández y Patricia Retamoza, del PRI; Isaías Cortés y Gustavo Macías, del PAN; Raúl Vargas, del PRD y Enrique Aubry, del Partido Verde.
Además, señalaba a los ex secretarios del Congreso durante esa Legislatura, Carlos Corona y José Manuel Correa Ceseña, como cómplices de este hecho.
Por su parte, el fiscal del estado, Luis Carlos Nájera, reconoció que tras el primer arresto Pérez Pozos salió libre debido a que faltaron unos sellos en la integración del expediente, por lo que se solicitó una nueva orden de aprehensión que fue concedida debido a la gravedad del caso.
No obstante, confirmó que -contrario a lo que había anunciado el gobernador durante su discurso por su segundo informe de gobierno- el ex funcionario está detenido por que se encontraron inconsistencias por 600 mil pesos en su declaración patrimonial, mientras que el principal accionista del despacho López Castro está acusado por fraude a dos particulares y no por el desfalco al Congreso.
Un fraude que no se consumó
En 2009 la 58 Legislatura de Jalisco contrató al despacho López Castro y Asociados para recuperar 92 millones de pesos que supuestamente el Congreso pagó en exceso al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por concepto de Impuesto Sobre la Renta entre 2006 y 2009; la empresa cobraría 42 millones de pesos de los 92 que supuestamente recuperaría.
Aunque nunca se demostró que ese dinero hubiera regresado a las arcas del Congreso, la siguiente Legislatura (la 59) reconoció un adeudo con la empresa López Castro por 58 millones de pesos, ya que ésta alegó que los anteriores diputados no le había pagado sus servicios.
Los problemas financieros que aquejan al Congreso impidieron que se realizara el pago a la empresa y ésta demandó a los diputados; así, un tribunal ordenó a la actual legislatura (la 60) que saldara la deuda.
El gobierno del estado tuvo que intervenir y entregar recursos extra a los legisladores para pagar la deuda, sin embargo, en esa ocasión el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, calificó el caso como "un robo al pueblo" y aseguró que las investigaciones irían a fondo.
Antes de cobrar la primera de cuatro entregas pactadas, la empresa se desistió y no recibió el dinero; más tarde se dieron a conocer diversas irregularidades en la conformación de la empresa López Castro, que parece haber sido creada exprofeso para celebrar el contrato con el Congreso local.
spb
"Ya agarraron a su chivo expiatorio (...) soy inocente, los verdaderos culpables son los diputados que estuvieron en primera fila (en el informe del gobernador)", dijo el ex secretario general del Congreso de Jalisco, Octavio Pérez Pozos, cuando tres agentes de la Fiscalía del Estado lo arrestaron -por segunda ocasión en la semana- acusado de enriquecimiento ilícito, ya que se le vincula con un fraude por 58 millones de pesos cometido en contra del Poder Legislativo.
El primer arresto del ex funcionario ocurrió este domingo por la mañana, cuando el gobernador del estado rendía su informe de gobierno y señalaba que había dos personas detenidas por el fraude urdido por el despacho López Castro al Congreso local; más tarde se sabría que los arrestados eran Pérez Pozos y Rafael López Martínez, principal accionista de la empresa.
Sin embargo, el ex secretario del Congreso de Jalisco fue liberado horas más tarde ya que el juez quinto de lo penal consideró que había inconsistencias en la integración de la averiguación previa y errores de procedimiento en el arresto.
Esta mañana ocurrió el segundo arresto de Pérez Pozos, cuando citó a los medios de comunicación en un hotel del centro de Guadalajara para deslindarse del caso López Castro y señalar como responsables del fraude a los diputados que integraban la Comisión de Administración de la 58 Legislatura (Jorge Arana Arana, alcalde de Tonalá; Jorge Alberto Villanueva Hernández; Norma Angélica Aguirre Varela; Samuel Romero Valle; Luís Manuel Vélez Fregoso, secretario de organización del Pasrtido Verde en Jalisco; Alfredo Zárate Mendoza, Lorenzo Moccia Sandoval y José Guadalupe Madera Godoy).
El ex funcionario del Congreso local arribó a las 10 de la mañana al sitio en donde haría público su posicionamiento pero fue atajado en la entrada por un agente de la Fiscalía de Jalisco que ya lo esperaba; hubo un forcejeo, Pérez Pozos -corpulento- exigía que le mostraran la orden de aprehensión en su contra y a empujones logró entrar al hotel.
Un segundo agente intervino, le mostró el requerimiento del juez y el ex funcionario lo leyó; después, antes de que lo esposaran y se lo llevaran, gritó que se le arrestaba por estar acusado de enriquecimiento ilícito, no por estar vinculado al caso López Castro.
La denuncia que llevó a la detención del ex funcionario panista (hoy simpatizante de Movimiento Ciudadano) fue interpuesta por Salvador Cosió Gaona, hijo del ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri y presidente de la organización Conciencia Cívica.
En el documento que leería Pérez Pozos también se responsabilizaba del fraude contra el Congreso a los diputados de la 59 Legislatura que reconocieron el adeudo con López Castro: Omar Hernández y Patricia Retamoza, del PRI; Isaías Cortés y Gustavo Macías, del PAN; Raúl Vargas, del PRD y Enrique Aubry, del Partido Verde.
Además, señalaba a los ex secretarios del Congreso durante esa Legislatura, Carlos Corona y José Manuel Correa Ceseña, como cómplices de este hecho.
Por su parte, el fiscal del estado, Luis Carlos Nájera, reconoció que tras el primer arresto Pérez Pozos salió libre debido a que faltaron unos sellos en la integración del expediente, por lo que se solicitó una nueva orden de aprehensión que fue concedida debido a la gravedad del caso.
No obstante, confirmó que -contrario a lo que había anunciado el gobernador durante su discurso por su segundo informe de gobierno- el ex funcionario está detenido por que se encontraron inconsistencias por 600 mil pesos en su declaración patrimonial, mientras que el principal accionista del despacho López Castro está acusado por fraude a dos particulares y no por el desfalco al Congreso.
Un fraude que no se consumó
En 2009 la 58 Legislatura de Jalisco contrató al despacho López Castro y Asociados para recuperar 92 millones de pesos que supuestamente el Congreso pagó en exceso al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por concepto de Impuesto Sobre la Renta entre 2006 y 2009; la empresa cobraría 42 millones de pesos de los 92 que supuestamente recuperaría.
Aunque nunca se demostró que ese dinero hubiera regresado a las arcas del Congreso, la siguiente Legislatura (la 59) reconoció un adeudo con la empresa López Castro por 58 millones de pesos, ya que ésta alegó que los anteriores diputados no le había pagado sus servicios.
Los problemas financieros que aquejan al Congreso impidieron que se realizara el pago a la empresa y ésta demandó a los diputados; así, un tribunal ordenó a la actual legislatura (la 60) que saldara la deuda.
El gobierno del estado tuvo que intervenir y entregar recursos extra a los legisladores para pagar la deuda, sin embargo, en esa ocasión el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, calificó el caso como "un robo al pueblo" y aseguró que las investigaciones irían a fondo.
Antes de cobrar la primera de cuatro entregas pactadas, la empresa se desistió y no recibió el dinero; más tarde se dieron a conocer diversas irregularidades en la conformación de la empresa López Castro, que parece haber sido creada exprofeso para celebrar el contrato con el Congreso local.
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